El debate que se ha reabierto estos días, el del regreso a España de Juan Carlos I y su reivindicación pública por el papel que desempeñó el 23 de febrero de 1981, no surgió porque hubiera una movilización social pidiéndolo, no había manifestaciones reclamando su vuelta. Lo abrió el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, defendiendo que el rey emérito debe regresar y que merece poco menos que un homenaje por lo que hizo aquella noche.
A eso se sumaron declaraciones como las de Isabel Díaz Ayuso, afirmando que cuenta con el apoyo mayoritario de la población.
Nadie niega que el mensaje televisado del rey aquella noche fue decisivo para frenar el golpe. Era su obligación. Eso forma parte de nuestra historia democrática. Pero una cosa es reconocer ese momento y otra convertirlo en un salvoconducto permanente frente a todas las “fechorías” que hizo después.
Porque después vinieron muchas cosas. La cacería en Botsuana, en plena crisis económica, junto a Corinna Larsen, mientras seguía casado con Reina Sofía. Aquella imagen rompió algo profundo. El “lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir” no cerró la herida. Solo intentó contenerla.
Más tarde llegaron datos todavía más graves: cuentas en el extranjero, fundaciones opacas, comisiones vinculadas al AVE a La Meca, transferencias millonarias. Entre ellas, los 65 millones de euros enviados en 2012 a Corinna Larsen, investigados en Suiza,...
En España las causas se archivaron por prescripción, por la inviolabilidad que le protegía mientras fue rey o tras regularizaciones fiscales posteriores. Pagó casi 700.000 euros en una primera regularización y más de 4 millones en otra. Jurídicamente hoy no tiene causas pendientes. Éticamente, la discusión es otra. ¡Nos debe mucho dinero!.
Por eso abdicó en 2014. Por eso se marchó en 2020 a Abu Dabi. No fue un capricho. Fue una forma de aliviar la presión sobre la institución. Y eso lo entendió perfectamente Felipe VI, que renunció a la herencia personal de su padre y le retiró la asignación pública. Un gesto claro para marcar distancia y proteger la credibilidad de la Casa de S.M. el Rey.
Ahora el rey emérito quiere volver. Pero quiere hacerlo en sus condiciones. Seguir viniendo por temporadas —regatas, médicos, encuentros privados— sin superar los 183 días que obligarían a fijar residencia fiscal en España. Porque si la fija aquí, tendría que tributar por sus ingresos mundiales, justificar su nivel de vida, someterse a inspecciones de Hacienda como cualquier residente.
Y aquí es donde el debate se vuelve esencial. Un jefe del Estado —aunque sea emérito— que no fija su residencia fiscal en su propio país lanza un mensaje muy claro. Porque los impuestos no son solo números. Son compromiso. Son pertenencia. Son responsabilidad compartida.
Si cualquier trabajador tenemos que declarar cada euro que gananos, si cualquier autónomo tiene que justificar sus gastos, si cualquier ciudadano debe tributar por una donación relevante, ¿cómo no va a exigirse lo mismo —o más— a quien ha sido rey?
¿Qué pedagogía pública construimos si quien simboliza el Estado puede mantener patrimonio fuera mientras el resto cumple religiosamente cada trimestre? La ejemplaridad no es un lujo. Es una exigencia mayor para quien ha tenido el máximo honor institucional.
Quien representa a un país debe ser ejemplo en lo fiscal, en lo ético y en lo personal. No basta con un gesto valiente hace 45 años para justificar décadas de sombras. Porque un país se dirige con coherencia diaria, y esa coherencia se resiente cuando se mezclan cacerías, transferencias millonarias y relaciones afectivo-sexuales como la mantenida con Bárbara Rey mientras se pedía confianza institucional.
Por eso el error político es grave. Cuando Alberto Núñez Feijóo eleva esta reivindicación, arrastra a la Corona al centro del combate partidista. Obliga a la institución a posicionarse. La tensiona. Y una monarquía parlamentaria solo se sostiene si es percibida como neutral.
Si algún día gobierna, la pregunta será inevitable: ¿volverá plenamente? ¿recibirá asignación pública? ¿tributará como cualquier residente? ¿se le hará ese homenaje que ahora se insinúa?
Tal vez, sin quererlo, quienes han intentado blindar su figura han reabierto un debate más amplio: el del propio modelo de Estado.
La monarquía está recogida en la Constitución Española de 1978. Es nuestro sistema vigente. Pero han pasado casi cincuenta años desde el referéndum constitucional. Hay millones de personas que nunca votamos esa forma de Estado.
¿Es anacrónica la sucesión hereditaria en pleno siglo XXI? Es una pregunta legítima. ¿Merece debatirse serenamente? Sin duda. Si el respaldo social es tan amplio como se afirma, no debería haber miedo a preguntarlo. Si no lo es, la democracia habrá hablado.
La confianza no se hereda. Se renueva. Y una democracia madura no le teme a las urnas. Les tiene respeto. Por eso, si creemos de verdad en la democracia, confiemos en ella.
¿Y si lo votamos?
