Imagina por un momento que la televisión que pagamos entre todos queda en manos de un partido político. Que cada informativo, cada reportaje y cada entrevista responden a una línea marcada por sus jefes. Que durante cuatro años, lo que vemos, lo que oímos y lo que entendemos de la realidad pasa por el filtro de una ideología concreta. Imagina eso. Da igual el partido que sea: el escalofrío es el mismo.
Por eso la radio y la televisión pública nunca pueden estar al servicio de ningún partido político. Ni de Vox, ni de Coalición Canaria, ni del PP, ni del PSOE, ni de nadie.
Si nos inquieta imaginar a un solo partido manejando a su antojo la información que consumimos, entonces deberíamos estar muy preocupados.
Porque eso es exactamente lo que están intentando hacer en Canarias, aunque algunos quieran maquillarlo. Lo que está pasando con la Radio Televisión pública no es un asunto interno ni una pelea laboral: es una cuestión democrática que afecta a toda la ciudadanía.
El Gobierno de Canarias ha presentado un anteproyecto de ley que abre la puerta a volver a privatizar los servicios informativos.
Y los trabajadores lo están denunciado con claridad, valentía y argumentos para que cualquier persona puede entenderlos: externalizar los informativos significa perder independencia, precarizar la plantilla y dejar la columna vertebral del servicio público en manos de empresas privadas que viven de contratos y favores.
Y aquí conviene decir algo con absoluta claridad, porque es la pregunta que lo desenmascara todo: si el Gobierno de Canarias cree que esta ley es buena, ¿también la considerará buena cuando deje de gobernar? Porque las leyes no se hacen para un momento, ni para una legislatura, ni para un partido. Las leyes se quedan. Y eso significa que, si hoy permiten que un Gobierno pueda influir en los informativos o entregarlos a empresas afines, mañana otro Gobierno —con otras siglas, con otra ideología— podrá hacer exactamente lo mismo. ¿Lo aceptarán entonces? ¿Aplaudirán que quien venga después utilice la tele pública para moldear la información a su favor? Si la respuesta es no, entonces la pregunta es evidente: ¿por qué lo están planteando ahora?
Lo que una formación política no tolerara desde la oposición, no debería imponerlo desde el poder. Porque una norma que solo te parece buena cuando mandas, es una norma injusta por definición.
Dicho de otro modo: si una norma solo es buena cuando gobiernas tú, entonces no es una norma justa; es una herramienta de poder.
Porque, seamos sinceros: el interés que hay detrás de esta ley no es mejorar el servicio público. El interés es otro, y la ciudadanía lo ve cada vez con más claridad: Convertir lo público en un negocio y la información en un instrumento de poder. Pero que no les ciegue la avaricia ni el ansia de control. Porque la gente ya no traga tan fácil. Cada vez entendemos mejor cómo funcionan estas maniobras, cada vez vemos con más nitidez quién juega limpio y quién mueve hilos por detrás. Y eso, aunque lo olviden, tiene castigo en las urnas.
Ningún gobierno debería aprobar una ley que sabe que usará en su contra el que venga después. Y ninguna ciudadanía debería permitir que conviertan un derecho democrático en un negocio para unos pocos.
Si de verdad quieren dejar una huella en Canarias, que sea la de fortalecer la tele pública, no la de entregar la información al mejor postor.
Los trabajadores lo han explicado con la serenidad de quien sabe que está defendiendo algo más grande que su propio empleo. Denuncian que este modelo mezcla los informativos con otros “contenidos” donde todo se confunde: información, entretenimiento, opinión, propaganda. Denuncian que se quiere recortar la autonomía profesional, que se debilita la capacidad de decisión editorial y que se crea un camino perfecto para controlar la narrativa desde los despachos políticos.
Y yo, como ciudadano, me pregunto: ¿cómo puede ser que la televisión que pagamos entre todos se convierta en un instrumento del poder de turno?
No es una exageración. Basta mirar cómo funcionan las cosas. Cuando un gobierno quiere controlar un medio público, nunca empieza diciendo “queremos controlar la información”. Empieza cambiando leyes, reorganizando organigramas, colocando direcciones afines, externalizando piezas clave, mezclando áreas, abriendo puertas traseras para empresas amigas… y al final, cuando nos damos cuenta, lo público ya no es público, solo queda el nombre.
Este debate no va de siglas ni de colores. Va de algo mucho más serio: si la información deja de ser independiente, dejamos de ser ciudadanos. Nos convertimos en consumidores de propaganda.
Lo estamos viendo desde hace años. La comunicación institucional se ha ido reduciendo a una especie de diario personal del político de turno: “Hoy visité”, “Hoy inauguré”, “Hoy me reuní”, “Hoy presenté”. La pregunta es: ¿y la información real? ¿Y la explicación del proyecto? ¿Y los datos? ¿Y el impacto? ¿Y la voz de los técnicos que saben más que quien aparece en la foto?
No se trata de negar la importancia de comunicar. Se trata de hacerlo bien. Se trata de que la publicidad institucional deje de ser un pozo sin fondo donde se gastan millones para mejorar la imagen del gobernante en vez de informar a la ciudadanía.
Se trata de que los medios públicos dejen de ser escaparates y vuelvan a ser ventanas. Porque una ventana sirve para mirar el mundo con claridad. Un escaparate sirve para vender un producto. Y no sé tú, pero yo no quiero que la vida pública se convierta en un escaparate de propaganda financiado con nuestro dinero.
Los trabajadores de RTVC están defendiendo lo que nos corresponde a todos. Lo que debería importarle a cualquier persona, vote a quien vote. No son ellos los que piden un privilegio. Somos nosotros los que necesitamos una televisión pública transparente, independiente y blindada frente a los intereses partidistas y empresariales.
Privatizar los informativos no es modernizarlos. Privatizar los informativos no es abaratar costes. Privatizar los informativos es perder la única garantía de que la información no cambia según quién pague la factura.
Una televisión pública fuerte es una barrera contra la manipulación. Una tele pública débil es un juguete en manos del poder. Y una vez que se entrega lo público, recuperarlo es casi imposible.
Lo que está en juego en Canarias no es un modelo de gestión. Es un modelo de convivencia. Es nuestro derecho a saber. Es nuestra democracia cotidiana.
Ojalá abramos los ojos a tiempo. Ojalá no dejemos que lo poco público que nos queda se nos escape entre las manos. Porque una televisión pública no es del Gobierno. Una televisión pública es de la gente.
Y si no la defendemos hoy, puede que mañana ya no haya nada que defender.
