En Gran Canaria llevamos décadas viendo cómo se repite la misma escena: perros abandonados en descampados, amarrados con cadenas o encerrados en jaulas improvisadas, en azoteas sin comida ni agua, tirados a la basura o dejados morir lentamente. Y cada verano el problema se agrava, como si fuera una cita obligada con la crueldad y la desidia. No hablamos de un hecho aislado, hablamos de cientos de animales cada año, hablamos de miles en toda Canarias. Es una herida abierta que no termina de cicatrizar.
Las noticias son constantes y cada vez más duras. Hace unos días, en Telde, aparecieron seis perros adultos muertos, envueltos en bolsas de basura dentro de un contenedor. Una imagen insoportable que muestra hasta dónde puede llegar la crueldad y el abandono. Antes fueron ocho perros dejados junto al cementerio de Pozo Izquierdo, ninguno con chip. En Firgas, varios animales aparecieron desnutridos y encadenados en condiciones deplorables. En cualquier municipio de la isla, los casos se repiten una y otra vez. Y todos sabemos que detrás de cada noticia hay muchos otros abandonos y muertes que nunca llegan a la prensa.
A esto se suma un fenómeno especialmente doloroso: los perros de caza, los podencos. Cada vez que termina la temporada aparecen numerosos animales abandonados en distintos puntos de la isla. Muchos cazadores afirman que se les escapan, pero lo cierto es que la mayoría de esos perros no tienen chip y algunos, desgraciadamente, aparecen muertos. No son todos los cazadores, por supuesto, pero esos pocos que actúan con crueldad hacen un daño enorme a los animales, a la imagen de la propia caza y a la sociedad en general. Es una realidad incómoda que no se puede seguir ocultando.
En 2019 se firmó el Pacto por el Bienestar Animal de Gran Canaria, un acuerdo histórico en el que participaron los 21 municipios de la isla, el Colegio de Veterinarios, la Universidad, el Seprona y varias entidades sociales. Por primera vez se trazó una hoja de ruta común para promover la educación, la esterilización, la identificación obligatoria y la convivencia respetuosa entre animales y personas. Fue un paso valiente que generó esperanza, pero con el tiempo se ha quedado en papel mojado. No se le asignó un presupuesto estable ni un equipo de profesionales dedicado a coordinar esas acciones, y sin continuidad incluso los mejores planes terminan apagándose.
El gran error de fondo es que nadie se ha ocupado de estudiar y resolver las causas del maltrato. Seguimos tratando los síntomas, pero nunca la enfermedad. ¿Por qué hay tantos perros abandonados en Gran Canaria? Las razones son múltiples y conocidas, pero no se han abordado con seriedad. Muchas familias no esterilizan porque es caro, lo que provoca camadas que acaban en la calle. No hay un control real del microchip, lo que permite que los propietarios abandonen a sus animales sin ser identificados. La falta de vivienda de alquiler que acepte mascotas se ha convertido en una causa creciente. Los costes de alimentación y veterinarios, cada vez más altos, hacen que muchas familias no puedan asumirlos. Persisten además prejuicios estéticos que dejan a los perros mestizos, grandes o de color negro con menos opciones de ser adoptados. Y los casos de crueldad extrema, desde encadenamientos hasta muertes o abandonos en la basura, muestran que aún no se ha combatido con educación y sanciones una indiferencia social que sigue presente.
La gestión del abandono animal también tiene un coste económico enorme. A parte de lo que gasta cada ayuntamiento, el Cabildo de Gran Canaria destina más de un millón de euros al año a través de GESPLAN para la gestión del Albergue Insular, y lo hace desde 2019 sin que el problema se haya resuelto. Es una inversión que se ha quedado en lo asistencial, en mantener a los animales encerrados esperando ser adoptados. Y es cierto que la sociedad ha respondido: miles de perros han encontrado un hogar gracias a las adopciones. Pero el ritmo actual ya es insostenible. Están entrando más perros de los que se adoptan, y eso obliga a ampliar albergues, cuando esa no puede ser la solución. No podemos fiarlo todo a la buena voluntad de las familias que adoptan. Muchos amantes de los animales ya conviven con varios perros adoptados y no pueden asumir más. El límite está ahí, y no se puede seguir cargando sobre la ciudadanía la responsabilidad de resolver un problema estructural. Confiar únicamente en la adopción es un error. La clave está en evitar que los animales lleguen a los albergues: prevenir el abandono, esterilizar, identificar y educar.
Lo poco que se ha hecho en esterilización en los últimos años se ha concentrado casi exclusivamente en gatos comunitarios, y prácticamente nada en perros, cuando es evidente que son la especie más abandonada en Gran Canaria. La gente no esteriliza porque el coste es elevado, y esa es una de las principales causas de abandono. Mientras tanto, nos está costando muchísimo dinero mantener albergues y refugios, pero lejos de mejorar, el problema sigue creciendo.
Muchas familias se ven obligadas a abandonar a sus animales porque no encuentran una vivienda de alquiler que los admita o porque los gastos veterinarios y de alimentación son cada vez más altos. Es un fracaso colectivo que no exista una política clara que facilite la convivencia entre animales y personas, como ocurre en otros lugares de Europa donde los perros forman parte de la vida cotidiana: viajan en transporte público, acceden a restaurantes o playas y no generan conflictos porque existe educación cívica y normas claras. Aquí, en cambio, se limita y se prohíbe, y eso genera todavía más abandonos.
Las protectoras y refugios de la isla están desbordados. Funcionan gracias a la buena voluntad de voluntarios y asociaciones que hacen lo que deberían estar haciendo las administraciones, pero sin recursos. La consecuencia es que los centros se convierten en lugares de hacinamiento donde los perros esperan meses o años para ser adoptados, cuando deberían ser espacios de tránsito, de paso hacia una vida mejor.
Otra de las grandes carencias es la ausencia de una clínica veterinaria social. Hoy en día, cualquier persona que tiene un animal enfermo o necesita una esterilización está obligada a acudir a la consulta privada, con unos costes que muchas veces no pueden asumir. Es como si en la sanidad de las personas se dijera que todas las mujeres deben ir a ginecólogos privados porque la sanidad pública no puede atenderlas. Lo asumimos como normal, pero es una anomalía enorme. Una clínica veterinaria pública o concertada permitiría atender a quienes no tienen recursos, facilitaría las campañas de esterilización y evitaría que muchos animales sean abandonados cuando enferman o necesitan operaciones que sus dueños no pueden pagar. Sería una medida de justicia social que, además, resolvería buena parte del problema del abandono. Y lo más importante: esa inversión social acabaría siendo más barata que seguir gastando millones en la gestión del abandono de todos esos animales.
Si queremos de verdad acabar con esta historia interminable necesitamos que las instituciones cambien de estrategia. No se trata de gastar millones en nuevos albergues, sino de invertir en educación desde la infancia, en campañas de tenencia responsable, en ayudas a la esterilización y al cuidado básico de los animales, en normas de vivienda que permitan convivir con ellos, en programas de adopción responsables y en sanciones efectivas para quienes incumplen. Y, sobre todo, se trata de crear equipos estables, con personal especializado y presupuestos continuos, porque el abandono animal no se combate con una subvención puntual ni con un titular de prensa.
El abandono de perros en Gran Canaria es un problema complejo, pero tiene solución si se mira de frente y se aborda en serio. No podemos seguir gestionándolo a base de improvisaciones ni de parches. Necesitamos un cambio profundo de enfoque: dejar de actuar sobre las consecuencias y empezar a actuar sobre las causas. Porque cada perro abandonado no es solo una víctima silenciosa, también es un reflejo de lo mal que estamos entendiendo lo que significa vivir en comunidad.
