En Gran Canaria, cada barrio y cada zona rural convive con una realidad tan cotidiana como invisible: miles de gatos comunitarios sobreviven en calles y campos sin un control real. Son fruto del abandono, de camadas no deseadas y de la falta de esterilizaciones. Durante décadas se ha mirado hacia otro lado y el problema no ha hecho más que crecer. Hoy hablamos ya de decenas de miles de animales, con un impacto evidente sobre la fauna silvestre y con un coste económico y social cada vez mayor.
Aquí, en Canarias, el reto es inmenso. El clima permite que una gata pueda parir tres o cuatro veces al año, con camadas de cuatro a seis cachorros. Hablamos de cerca de 100.000 gatos en Gran Canaria, muchos en espacios naturales que cubren la mitad de la isla. Conviene aclararlo: el problema no son las colonias registradas y gestionadas por cuidadoras, donde la mayoría de los gatos ya están esterilizados. El verdadero desafío está en todo lo que queda fuera: fincas particulares donde se acumulan decenas de animales sin control y puntos dispersos en calles, barrancos y descampados. Esa realidad invisible es la que multiplica la población de manera exponencial y hace inviable cualquier intento de control que no sea masivo y coordinado.
¿Por qué intervengo? Porque conozco en profundidad esta realidad, la he estudiado durante años y sé lo complejo que es afrontarla. Y porque, aun siendo un problema difícil, estoy convencido de que tiene una solución ética. Me duele ver que muchas de las decisiones que se están tomando parecen ir en la dirección contraria. Apostar únicamente por construir albergues es, a mi juicio, un error que saldrá muy caro y que no resolverá la raíz del problema.
El reto de los gatos comunitarios en Gran Canaria no es solo técnico, social o legal; es, sobre todo, un choque de concepciones de la vida. Por un lado, quienes defienden la biodiversidad advierten que la proliferación de gatos pone en riesgo a aves, reptiles y otras especies autóctonas, muchas de ellas en peligro de extinción. Por otro, quienes priorizan el bienestar animal recuerdan que los gatos forman parte de nuestra vida desde hace miles de años, que están protegidos por la Ley de Bienestar Animal y que su sacrificio no es legal ni una opción aceptable para la mayoría de la sociedad. Nadie está equivocado. En el equilibrio está el punto medio, y ahí es donde puede nacer la única solución viable.
Ese punto medio existe: el método CER, que consiste en Capturar, Esterilizar y Retornar a los animales. No es perfecto, pero sí es la única estrategia que, aplicada de forma constante y con rigor, ha demostrado ser eficaz para reducir la población sin recurrir al sacrificio. Puede aplicarse en la mayoría de los casos, mientras que en zonas de especial interés para la conservación habrá que capturar a los gatos y reubicarlos en lugares donde no supongan una amenaza para la fauna silvestre.
Por esta razón estoy convencido de que prohibir el método CER en los núcleos urbanos situados dentro de los espacios naturales ha sido y sigue siendo un error gravísimo. Porque esa prohibición ha provocado un vacío: ni se está capturando, ni reubicando, ni esterilizando. Y el resultado es que los gatos se están reproduciendo sin control.
La estrategia que se está siguiendo por parte de las administraciones es justo la contraria: la isla se encamina a gastar unos 22,5 millones de euros en construir albergues, financiados casi en su totalidad por el Cabildo a través del Plan de Cooperación Institucional, y a destinar otros 6 millones anuales a su mantenimiento. El cálculo no es una exageración: basta con tomar como referencia los 4,5 millones que costará el albergue de la Mancomunidad de Medianías y multiplicar esa cifra por los otros cuatro centros previstos (Mancomunidades del Norte y Sureste, Las Palmas y Telde). A ello se suma, además, un millón de euros anuales de gestión por cada albergue en funcionamiento, como ya ocurre con el Insular de Bañaderos.
Frente a esta apuesta costosa e ineficaz, porque se llenarán nada más abrirlos y no soluciona el problema, un Plan Insular CER costaría 2 millones de euros anuales, es decir, 8 millones en los cuatro años que serían necesarios para aplicarlo, con capacidad de esterilizar en ese tiempo a unos 80.000 gatos (100 euros por esterilización). Mucho más barato y eficaz que llenar jaulas de forma indefinida.
Y ese plan no puede limitarse a operar sobre el terreno: debe ir acompañado de campañas de concienciación sostenidas en el tiempo, que expliquen por qué es necesario esterilizar y qué facilidades existen para hacerlo. Igual que se ayuda a los propietarios a limpiar sus terrenos para prevenir incendios o a retirar amianto por salud pública, también deberían financiarse las esterilizaciones de los gatos de particulares. Esa medida, unida a las campañas, es la que realmente podría cortar la raíz del problema. El verdadero objetivo debería ser acabar con el abandono, no inaugurar más albergues. Porque la única solución pasa por esterilizar al menos el 90% de los gatos que hay en Gran Canaria.
Además, el plan debe contar con un control claro y bien definido: que todos los animales estén chipados, que todos estén esterilizados y que se cumplan las normas. Así las sanciones no serían arbitrarias, sino la consecuencia lógica de unas reglas conocidas y compartidas. Solo con campañas, formación, financiación y control real se puede garantizar que el esfuerzo tenga resultados duraderos.
Y aquí aparece la pregunta clave: ¿quién lidera? Creo que falta liderazgo y coordinación: cada ayuntamiento, por sí solo, no puede abarcar un reto de esta magnitud. No estamos ante un asunto exclusivo del área de Medio Ambiente, sino ante un desafío insular que atraviesa muchas áreas, afecta a muchas administraciones y, por tanto, requiere coordinación al más alto nivel.
En 2019 se firmó un Pacto Insular por el Bienestar Animal que preveía reuniones de coordinación entre todas las partes implicadas. Han pasado seis años y esas reuniones no se han celebrado. El resultado es que hemos perdido un tiempo precioso mientras la población felina ha seguido creciendo y la presión sobre la fauna silvestre ha aumentado. Se han atendido las consecuencias, pero no las causas: el abandono, la falta de campañas masivas de esterilización, la ausencia de control y sanción, y la falta de educación ciudadana sostenida en el tiempo.
Lo que necesitamos es sentar en la misma mesa a administraciones, científicos, protectoras y ciudadanía para acordar un plan que funcione: que proteja la fauna silvestre, respete el bienestar animal y se pueda aplicar de forma eficaz y sostenible.
Tomar decisiones nunca es fácil, pero cuando se tiene la responsabilidad pública no basta con buenas intenciones: hay que escuchar a todas las partes, respetar las leyes —nos gusten más o menos— y diseñar un plan viable, eficaz y eficiente. Cuidar de los gatos y proteger la fauna silvestre no son caminos opuestos, sino complementarios. Si logramos ese equilibrio, Gran Canaria no solo resolverá un problema enquistado durante décadas, sino que demostrará que es posible conciliar ciencia, ética y sensibilidad en un mismo proyecto colectivo.
Me gustaría, además, aportar lo que pueda. Conozco esta realidad de cerca, he trabajado en ella y sé que no es fácil, pero creo firmemente que es posible. Si este proyecto avanza, me encantaría participar en la construcción de una solución insular que sume a todas las partes y que convierta a nuestra isla en un referente en bienestar animal y protección de la biodiversidad.
