En una sociedad donde las necesidades sociales crecen y el dinero público no da para todo, hay una pregunta tan incómoda como urgente: ¿tiene sentido que un club de élite, el Club Baloncesto Gran Canaria, sea propiedad de una administración pública, el Cabildo? Y más cuando su financiación depende en gran parte del dinero público, alrededor del 50 % de su presupuesto.
Esta es una invitación a mirar con más profundidad. Lo que parece solo una decisión deportiva, en realidad abre un debate profundamente político, ético y social.
¿Debe un club como este limitar su ambición a los resultados deportivos o convertirse, sobre todo, en un motor social y formativo, un verdadero referente para la ciudadanía? ¿Tiene sentido seguir destinando tantos millones de euros públicos al deporte profesional mientras el deporte base, las canchas de barrio y la formación de técnicos sobreviven con recursos mínimos y poca atención institucional?
¿Qué objetivo se plantea realmente el CB Gran Canaria? ¿Ser un club como los demás o un proyecto social con alma? ¿No sería más justo y más útil que el club se fijara metas como aumentar el número de abonados, llenar el Gran Canaria Arena, multiplicar la base de jóvenes que practican baloncesto o contar con un número creciente de jugadores de la tierra en el primer equipo?
Conviene poner las cosas en contexto. Esta temporada, el club ha registrado una asistencia media de 6.607 personas por partido, y su récord de asistencia fue de 8.269 espectadores en el derbi contra La Laguna Tenerife. Hablamos de una isla con 900.000 habitantes, más los turistas, los seguidores del equipo visitante y las entradas de cortesía que se regalan. En realidad, la afición activa del Granca es limitada, y sin embargo, el impacto económico del club en las arcas públicas es inmenso.
Uno de los aspectos más controvertidos es la política de remuneraciones del Cabildo respecto al CB Gran Canaria. La reciente renovación del contrato de su presidente, Sitapha Savané, ha generado especial polémica: su salario supera incluso al del presidente del Gobierno.
Savané es, sin duda, un gestor de primer nivel. Su trayectoria, su compromiso con el club y los resultados deportivos que ha conseguido son incuestionables. Pero esta no es una cuestión de méritos individuales. Es una cuestión de ética pública. Aunque el club tenga recursos para pagar ese salario, no debería hacerlo. Porque no se trata de si alguien lo vale, sino de si es correcto que una administración pague sueldos que duplican o triplican el salario de otros gestores públicos con mucha más responsabilidad, presupuesto y personal a su cargo, sin ir más lejos en el Instituto Insular de Deportes.
Porque cuando se usa el dinero de toda la ciudadanía, hay que aplicar criterios de proporcionalidad, justicia y responsabilidad. Dar ejemplo es lo primero. La ética en el uso del dinero público no es un detalle: es una obligación democrática.
Con la firma de este contrato, el Cabildo ha dejado claro cuál es su prioridad: los éxitos deportivos por encima del impacto social. Este salario revela una incoherencia pública, está ligado exclusivamente a resultados deportivos y económicos. Se premian las clasificaciones y los balances económicos positivos. Pero no hay ni un solo incentivo, o penalización, vinculado al trabajo de cantera, al aumento de abonados, al número de jóvenes practicando baloncesto o al impacto real del club en la vida de la gente. Y lo más grave: no existe ninguna cláusula que obligue a que esas sean las verdaderas misiones del club como entidad pública.
En los últimos diez años se han destinado más de 40 millones de euros al club. Y, sin embargo, la presencia de jugadores canarios en la plantilla ha sido mínima. Las iniciativas sociales existen, pero no han contado con continuidad, presupuesto ni estructura suficiente para dejar huella.
Y eso duele especialmente porque su Proyecto SUMA es extraordinario. Gracias a la financiación de varias empresas y del Gobierno de Canarias, se ha convertido en un modelo ejemplar de cómo el club puede colaborar con objetivos sociales y llegar donde más se necesita. Ese es el camino. Ese debería ser el estándar.
El proyecto social 'Compromiso Granca' debería tener el mismo nivel de desarrollo, ambición, presupuesto propio y personal especializado. Debería integrarse en todas las estrategias públicas del Cabildo: desde la accesibilidad hasta el cuidado del medio ambiente; desde las reforestaciones y limpiezas de playas hasta la educación en valores; desde la promoción de la diversidad, la igualdad, los espacios naturales y la cultura de la isla, hasta la visibilidad de productos locales como el queso o el vino,...
Podría ser también un referente en campañas contra el acoso escolar, en la promoción de una alimentación saludable, del deporte o la salud. ¿Y por qué no soñar más alto? ¿Y si el club contara con una sección de voluntariado que apoyara activamente campañas de protección de la naturaleza o de adopción de animales, aprovechando incluso que su mascota oficial es un perro, Granky? Las posibilidades son infinitas cuando hay voluntad política y compromiso real.
Solo si el Club Baloncesto Gran Canaria se convierte en un verdadero motor deportivo y social, esos cuatro millones anuales que el Cabildo destina al club podrían estar justificados. Sería una forma de devolver a la sociedad lo que la sociedad ha invertido en él.
Reflexionar sobre el rol del Cabildo en este tipo de decisiones es urgente. Debería tener la capacidad de decir: “Esto es lo que queremos y hasta aquí podemos llegar”. Y si hace falta buscar a otra persona con la misma entrega pero un sueldo más acorde a la realidad institucional, que se busque. No podemos seguir actuando como si el dinero público fuera infinito o sin dueño.
¿Y si el club no puede seguir en la élite con estas condiciones? Pues quizás haya que asumirlo. Si no podemos contar con los mejores profesionales del mundo, no pasa nada. Si hay que descender de categoría, se desciende. Incluso si el club desapareciera algún día, deberíamos tener clara una idea: entre desaparecer o conservar la ética, yo elijo la ética. Porque un club sin ética no tiene cabida en una sociedad decente.
Es necesario poner sobre la mesa esta realidad que chirría por todas partes. Un club público no puede funcionar con los mismos criterios que una empresa privada. Y si quiere hacerlo, entonces que deje de recibir dinero del Cabildo. Que se sostenga solo. Que se venda a empresarios... Pero no puede seguir viviendo en esa zona gris donde lo público y lo privado se confunden según convenga. No es justo. No tiene sentido.
Porque mientras esto ocurre, miles de personas en esta isla hacemos malabares para pagar nuestra hipoteca, alquiler o llenar la nevera. Pagamos impuestos con esfuerzo y esperamos que ese dinero se use con rigor, con conciencia, con valores.
Por eso, si el club va a seguir siendo público y recibiendo millones, debe ser un ejemplo. En transparencia. En inclusión. En apoyo al talento local. En compromiso social.
Porque el dinero público es sagrado. No es una frase bonita. Es una exigencia ética. Y este caso, quizás más simbólico de lo que parece, es una oportunidad para cambiar el rumbo. Para elegir con claridad nuestras prioridades.
