Cuando durante años ha habido dejadez, los conflictos entre animales que comparten un territorio no se solucionan con una acción rápida. El problema es más complejo: influyen muchos factores y hay que considerarlos todos. No se puede decidir escuchando solo a una parte, ni pasar por alto la realidad económica y social, que en el caso de los gatos es clave y muchas veces se desconoce al proponer medidas extremas.
Proteger la fauna silvestre, el pinzón azul, los lagartos endémicos o las aves marinas, es una prioridad incuestionable. Por eso, en las zonas más sensibles, donde estos animales están en riesgo, sí habría que capturar y reubicar a los gatos que realmente supongan una amenaza para su supervivencia. En esos lugares, por suerte, la presencia felina es muy reducida y la actuación sería viable y asumible.
Pero en el resto del territorio la situación es muy diferente: no existe una amenaza demostrada y la población de gatos es muchísimo mayor. Pretender retirarlos a todos sería un gasto económico desproporcionado e imposible de sostener, además de generar un rechazo social masivo. En esos casos, lo sensato es actuar solo cuando haya pruebas claras de que un grupo concreto está causando un daño real y documentado.
La alternativa que propone el Cabildo de Gran Canaria, que los ayuntamientos se encarguen de reubicar a todos los gatos de las colonias que están en la “zona roja” es, sencillamente, inviable. La magnitud del reto es descomunal: hablamos de miles de gatos repartidos por más de la mitad de la isla. Para llevarla a cabo habría que construir y mantener grandes instalaciones permanentes, con personal especializado y alimentación y limpieza a diario. Esto supondría un gasto continuo y multimillonario, no solo inicial.
A día de hoy, esto choca, además, con la Ley estatal 7/2023 de Bienestar Animal que no solo prohíbe el sacrificio, sino también la reubicación forzosa y la reclusión indefinida en refugios, al considerarlo maltrato por el estrés y las enfermedades que provoca. Pretender encerrar o desplazar a unos 20.000 gatos en total, no es realista.
Además, el riesgo de recolonización es altísimo: incluso si se retiraran todos los gatos de una zona, volverían a entrar otros y se reproducirían. Esto haría inútil la inversión realizada, obligando a repetir una y otra vez la misma operación y multiplicando los costes. Invertir millones en un plan así significa también dejar de financiar otras medidas urgentes y efectivas en conservación y bienestar animal.
Tampoco se puede ignorar el impacto social. Porque este es un problema social antes que biológico. La captura masiva de estos gatos provocaría un rechazo ciudadano enorme, incluso mayor que el que obligó al Cabildo a frenar la matanza de cabras asilvestradas. El gato es un animal doméstico con un fuerte vínculo emocional para miles de personas. Gestionar este aspecto es tan importante como gestionar el ecológico.
Durante décadas no se ha hecho nada: no se ha esterilizado y las poblaciones de gatos se han multiplicado. Los ayuntamientos han mirado hacia otro lado y no han gestionado este asunto. La sociedad civil, a través de cuidadoras y cuidadores, porque no son solo mujeres, cada vez hay más hombres y personas de todos los niveles culturales y económicos, ha asumido una responsabilidad que no les correspondía. No son las “locas de los gatos”. Son personas que, ante el desastre y la falta de gestión, han tomado la iniciativa para que estos animales, al menos, no mueran de hambre o de sed. Pero se ven desbordadas, incomprendidas, insultadas y con muy poco apoyo.
Para resolver este complejo y grave problema es necesario aplicar distintas acciones complementarias y coordinadas. Las diferentes ciencias (también las sociales), las administraciones públicas, las protectoras, las personas cuidadoras de animales y los veterinarios deben trabajar juntos para buscar soluciones específicas a cada caso. Ya que no es lo mismo gestionar una colonia dentro de un hotel que en una colonia en el pueblo de Agaete.
La alternativa que ha demostrado su viabilidad, que es eficaz y asumible económicamente es el método CER: capturar, esterilizar y retornar. No es perfecto, pero es lo menos malo, lo más económico y lo único que ha demostrado resultados reales en otros lugares. Con colonias controladas, identificadas, vacunadas y esterilizadas se reducen los riesgos sanitarios, se evita la reproducción y se disminuye la población, sin sacrificar animales y sin provocar un conflicto social que paralice cualquier avance.
Eso si, debe ir acompañado de campañas de educación y concienciación sobre tenencia responsable, para acabar con el abandono, y con esterilización prácticamente total, incluidos los gatos de los particulares. Resolver este problema exigirá una inversión seria: el CER podría costar unos 4 millones en cuatro años (un millón por año) y, después, unos 150.000 € anuales podrían ser suficientes para mantener la población controlada y reducirla de forma sostenida. Lo que se ha hecho hasta ahora, con subvenciones de 150.000 €, o menos, desde 2019, ha sido un fracaso: el número de esterilizaciones ha sido ínfimo y así no se puede reducir la población, por lo que todo ese dinero, prácticamente, se ha tirado.
El método CER no es una ocurrencia: está respaldado por datos científicos y por experiencias reales ya aplicadas con éxito en muchas ciudades. Requiere coordinación entre administraciones públicas, protectoras, veterinarios y voluntariado, así como financiación estable. No es rápido, pero funciona: en apenas cuatro años se pueden ver resultados claros.
El CER cuenta con el aval de profesionales como el catedrático de la ULPGC, Octavio Pérez Luzardo, que no opina, sino que elabora estudios e investigaciones, con datos contrastados, y así ha podido demostrar la eficacia del método. Es curioso que nadie en el Cabildo haya querido reunirse con él, ni leer sus trabajos, a pesar de ser una eminencia reconocida a nivel internacional. En cambio, los profesionales que asesoran al Cabildo se limitan a emitir opiniones sin datos sólidos, sin censos fiables y sin un estudio económico que valore el coste real de su propuesta. Lo que plantean no se ha hecho en ningún lugar, no tiene garantías de éxito, y nos costará muchísimo. Y con el dinero público no se debería experimentar.
En Córdoba, por ejemplo, el trabajo conjunto ha permitido esterilizar, vacunar e identificar miles de gatos, controlando más del 70 % de las colonias urbanas, con un coste asumible. Son datos, no teorías. Aquí, sin embargo, se quiere catalogar al gato comunitario como “especie exótica invasora” para justificar retiradas masivas, algo incompatible con la legislación y con el sentido común.
Estoy convencido de que pocos de estos biólogos y políticos han visitado una colonia bien gestionada. Yo lo he hecho y he aprendido mucho: me he quitado prejuicios y he conocido personas admirables, con mucho que aportar a la solución. Las colonias de gatos cuentan la historia de cómo tratamos a quienes no tienen voz.
El CER es un compromiso con la eficacia y la ética. Y ese compromiso, si queremos mirarnos a la cara como sociedad, es inaplazable. Porque, al final, esto no va solo de gatos. Va de humanidad. Ojalá te sirva.
