Las recientes manifestaciones son una señal clara de que algo se está resquebrajando. Bajo el lema “Canarias tiene un límite”, miles de personas alzaron la voz en todas las islas, denunciando un modelo de desarrollo que ha encarecido la vivienda, saturado las infraestructuras y puesto en jaque al propio equilibrio ambiental. No sabemos si marcarán un antes y un después, pero sí han conseguido algo urgente: abrir la conversación.
Ante esta preocupante situación necesitamos política con mayúsculas. La que no teme escuchar. La que se atreve a rectificar. La que piensa en la siguiente generación, no en la siguiente elección. La que no se esconde ni improvisa. La que se hace cargo, aunque duela.
Es el momento de tender puentes entre posturas enfrentadas y encontrar, aunque cueste, caminos compartidos. Porque ni los que llevan 20 años gobernando pueden mirar hacia otro lado, ni quienes protestan pueden erigirse por sí solos en portavoces de toda la ciudadanía.
Es lógico que muchas personas desconfiemos de los partidos políticos que han dirigido Canarias en las últimas décadas y un ejemplo claro de esto es que en pleno discurso de sostenibilidad y transición ecológica, el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria permite la construcción de hasta 130.000 nuevas camas turísticas. Casi las mismas que hay construidas actualmente. Una cifra que pone en entredicho el modelo de “Ecoisla” que se promueve desde las instituciones.
La paradoja es evidente: hablamos de proteger el territorio mientras el planeamiento vigente permite duplicar la planta alojativa. Y lo más grave es que, si no se modifica el plan o se aprueba una moratoria con respaldo jurídico, las administraciones están obligadas a conceder las licencias a los promotores, bajo riesgo de indemnizaciones millonarias. Por tanto, nos guste o no, mientras no se actúe con firmeza legal, el número de camas turísticas seguirá creciendo en Gran Canaria y en las demás islas canarias.
Esta es una realidad incómoda. Y no se resuelve con eslóganes. Se necesitan datos, rigor jurídico, visión económica… y mucha valentía. Porque lo que está en juego es el modelo de vida que queremos.
Las manifestaciones son una herramienta legítima y necesaria de participación ciudadana. Han reflejado un malestar profundo, y han logrado que se escuche lo que durante mucho tiempo se ha ignorado. Pero no pueden sustituir a los mecanismos democráticos de representación. No basta con alzar la voz: hay que organizar el diálogo. Escuchar a los convocantes es fundamental, sí. Agradecer que encendieran las alarmas, también. Pero los representantes se eligen. Y nuestros representantes deben de estar en el Parlamento, en los cabildos y en los ayuntamientos.
Si ninguna fuerza política de las que hoy están en las instituciones atiende estas demandas, habrá que crear un nuevo partido político que si las recoja en un programa electoral y si gana las elecciones, entonces tendrá legitimidad para aplicarlas.
Otra opción democrática y legítima sería la de exigir una consulta o referéndum vinculante, para que toda la ciudadanía decida.
Destaco esto porque parte del movimiento ciudadano empieza a mostrar rasgos de radicalización preocupante. Y si solo hablan los extremos, el ruido se comerá la posibilidad de encuentro. Y no es eso lo que Canarias necesita. Necesitamos espacios comunes. Necesitamos confianza. Y para eso también necesitamos cuidar la política. No dinamitarla.
El turismo no es el enemigo. Nos guste más o menos, es la base actual de nuestra economía. Por tanto, el problema no es el turista, ni siquiera el empresario que invierte en el sector. El problema es haber dejado que el modelo creciera sin control. Sin límites. Sin pensar en las consecuencias.
Es cierto que cada año aumenta el número y ya vamos por 18 millones de turistas, que unidos a los 2 millones de habitantes generamos demasiada presión sobre un territorio limitado, (Agua, electricidad, residuos, transporte, etc.). Cambiar eso no significa prohibir el turismo, sino transformarlo. Con cabeza. Con planificación. Y con acuerdos. No se puede demonizar el único motor que hoy sostiene buena parte del empleo si no hay alternativa real.
La vivienda, por su parte, se ha convertido en un drama. Y aquí sí hay responsables claros: el Gobierno de Canarias, que tiene las competencias en materia de vivienda, no ha construido vivienda pública en más de 20 años. No se puede pretender que los propietarios de las viviendas sean los que solucionen esta dejación institucional. Sobre todo si muchos de ellos sufren una inseguridad jurídica frente a inquilinas que no pagan, o a procesos judiciales interminables para recuperar sus viviendas. Este potaje ha generado la tormenta perfecta: Alquileres imposibles, jóvenes que no pueden emanciparse, familias que malviven en la incertidumbre.
Ya está el gobierno tardando en aumentar el parque de vivienda disponible, ya sea construyendo, ya sea comprando vivienda en manos de bancos o fondos para destinarla a alquiler social. También es hora de regular con claridad el alquiler vacacional, no para prohibir, sino para evitar que hasta los garajes se destinen a viviendas vacacionales.
Tal vez ya llegamos tarde a muchas cosas. Pero aún estamos a tiempo de hacerlo mejor. No se puede arreglar todo en un día. Pero se puede empezar hoy. Y para eso hace falta algo que en Canarias nos sobra: inteligencia colectiva.
Y eso lo podemos aprovechar creando espacios nuevos donde todas las voces cuenten. Imaginemos una “Asamblea de Futuro” para Canarias. Con representantes públicos, expertos independientes, ciudadanía organizada, universidades, entidades sociales y colegios profesionales. Una mesa permanente, abierta, rotativa, que proponga leyes, fiscalice planes, supervise compromisos y active mecanismos de participación directa. Que sus sesiones sean públicas. Que sus conclusiones se debatan en sede parlamentaria. Que no sea un gesto simbólico, sino una herramienta democrática real. Y aún así, por tratarse de un asunto tan delicado y decisivo, hay que dar un paso más: someter el resultado de ese trabajo colectivo a una consulta vinculante. Que toda la ciudadanía, informada y con tiempo para pensar, diga sí o no a las propuestas concretas. Esa sería una decisión histórica. Y un legado para quienes vendrán después de nosotros.
Esta problemática también está ocurriendo en las Islas Baleares, y allá donde el turismo ha desbordado la convivencia. Porque vivimos en una sociedad viajera, acelerada y profundamente consumista. Porque el sistema capitalista premia al que invierte y gana. Al empresario y también al particular que alquila su vivienda para mejorar su renta. Es legítimo. El reto es cómo se regula, cómo se equilibran los derechos individuales con el bien común.
No se trata de volver a un mundo bucólico, ni a la autosuficiencia agrícola, ni a vivir como hippies en una isla vacía. Eso no es viable. Se trata de asumir que este es un problema global, complejo, y que no habrá soluciones mágicas. Y que tal vez debamos aceptar el mal menor.
Canarias tiene un límite. Pero también tiene una oportunidad. Que el conflicto no nos rompa. Que el futuro nos una.
