Ponerse de acuerdo se ha vuelto difícil. No porque falten ideas, sino porque falta escucha. Cuando creemos tener la razón absoluta, dejamos de dialogar. Nos atrincheramos, señalamos, desprestigiamos. Y así, el conflicto no se resuelve: se pudre.
El debate abierto en torno al Carnaval en Las Palmas de Gran Canaria, su ubicación, el ruido, la convivencia con quienes viven en el entorno, refleja con claridad algo que va mucho más allá de la fiesta: lo difícil que se ha vuelto escucharnos cuando creemos tener la razón.
Estoy convencido, la inmensa mayoría de las personas que participan en el Carnaval son gente civilizada, tranquila, alegre. Personas que salen a pasarlo bien, a compartir, a celebrar, con respeto. El Carnaval es encuentro, creatividad, humor, identidad. Eso no está en discusión.
Pero también existe una minoría —pequeña, sí, pero real— que se salta las normas. Alcohol en exceso, peleas de madrugada, vandalismo, suciedad, robos, gente orinando en portales a las cinco o seis de la mañana,... Negar esto no ayuda. Ocultarlo no protege al Carnaval. Al contrario: lo debilita y alimenta el conflicto con quienes viven allí.
Esa minoría perjudica a todo el mundo: a las vecinas y vecinos que sufren durante semanas, y a la propia fiesta, que queda asociada a comportamientos que no la representan.
Cuando alguien se queja, no recibe empatía ni comprensión, sino ataques. Se le acusa de exagerar, de querer acabar con la fiesta, de no entender la “identidad del pueblo”. El reciente alegato de la abogada Isabel Miranda, afirmando que “una minoría ha decidido que el ruido molesta más que la identidad de un pueblo”, es un ejemplo claro de cómo se simplifica y se polariza un conflicto complejo.
Aquí no se discute si el Carnaval es cultura. Lo es. Y mucha. Tampoco si tiene un valor enorme para esta ciudad. Lo tiene. Lo que se discute es algo más sencillo y más incómodo: si tal y como está organizado hoy, en un entorno urbano densamente habitado, genera daños reales a una parte de la población. Y la respuesta honesta es que sí.
Decir “si no te gusta, múdate” es profundamente injusto. Hoy puedes disfrutar del ruido debajo de tu casa; mañana quizá estés enfermo, seas mayor, cuides a alguien dependiente, tengas un hijo con autismo o simplemente necesites descansar para vivir con dignidad. La vida cambia. Y los derechos no pueden depender del momento vital que te toque.
Además, hay algo que no podemos olvidar: existen leyes y normas para proteger la salud y la convivencia. Si los niveles de ruido superan los límites legales y afectan al bienestar, no estamos ante una manía ni ante un capricho. Estamos ante un problema objetivo. La cultura no puede sostenerse sobre el incumplimiento sistemático de las normas, igual que la convivencia no puede construirse sobre la imposición.
Quizá ha llegado el momento —por fin— de poner encima de la mesa alternativas que llevamos años evitando. El Parque Santa Catalina ha sido históricamente el corazón del Carnaval, sí. Pero no es un espacio neutro: está rodeado de viviendas. Además, en los últimos años, las obras de la MetroGuagua han demostrado que no es un lugar inamovible. Ya se han buscado escenarios alternativos en el puerto y en otros puntos. Y posiblemente el año que viene será así también.
En muchas ciudades se hace sin drama. En Sevilla, por ejemplo, la Feria se celebra en un recinto específico, a las afueras. Funciona. La gente lo pasa en grande, no molesta a quienes viven en el centro y el Ayuntamiento asume que la fiesta necesita un espacio adecuado.
¿Y si el Carnaval de Las Palmas pensara algo parecido? Un gran recinto, bien comunicado, con aparcamientos, transporte público reforzado, servicios suficientes, seguridad adecuada. Un espacio donde quepan los conciertos, los concursos, los chiringuitos, las atracciones… incluso casetas para los grupos del Carnaval, para sus aficionados, para ensayar, encontrarse, crear comunidad. Algo que, lejos de empobrecer la fiesta, podría hacerla crecer y cuidarla mejor.
No se trata de matar el Carnaval, sino de cuidarlo y cuidarnos. No se trata de borrar Santa Catalina de la memoria emocional de la ciudad. Se trata de asumir que las ciudades cambian y que las fiestas también deben adaptarse.
Por eso, quizá lo más inteligente sea abrir un proceso serio y valiente: una mesa de trabajo impulsada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con los grupos del Carnaval, el Cabildo de Gran Canaria, representantes vecinales y sociedad civil. Un proceso real de participación ciudadana para buscar soluciones, no para ganar un relato.
Esperar a que sea un juez quien decida solo alarga el conflicto: años de denuncias, enfados, insultos, desgaste y polarización. Cada vez que se descalifica a quienes se quejan —diciendo que exageran o que quieren dinero— el problema se enquista más. Y cuando alguien se siente ignorado, lo normal es que acabe judicializando lo que no se quiso resolver hablando.
Aquí no hay santos. Ni entre quienes denuncian, ni entre quienes defienden el Carnaval a ultranza. Hay intereses distintos, necesidades distintas y realidades que chocan. Precisamente por eso, la única salida razonable es escuchar, empatizar y buscar acuerdos imperfectos pero compartidos.
Este debate va más allá del Carnaval. Habla de una sociedad cada vez más polarizada, donde todo parece blanco o negro y disentir se vive como una agresión. Y así nos va: en la política, en las familias, en el trabajo, en los barrios.
Quizá ha llegado el momento de bajar el volumen —no solo de la música— y subir la empatía. De entender que cuidar la cultura también implica cuidar a las personas. Y de aceptar algo fundamental: no se trata de matar el Carnaval, se trata de cuidarlo. Y de cuidarnos.
