Una plaza llena de gente impresiona. Miles de personas reclamando una vivienda digna, compartiendo su preocupación y expresando su hartazgo merecen ser escuchadas. Las movilizaciones hacen visibles problemas que demasiadas veces quedan escondidos detrás de las estadísticas. Pueden despertar conciencias, presionar a los gobiernos y plantear alternativas.
Pero nuestra democracia tiene unas reglas. Elegimos representantes y, a partir de los resultados, se forman las mayorías que permiten gobernar, aprobar leyes y decidir presupuestos. Ocurre en el Congreso de los Diputados, en los parlamentos autonómicos, en los ayuntamientos y los cabildos. No siempre gobierna el partido más votado: también cuentan los acuerdos entre fuerzas que reúnen una mayoría suficiente. Esas reglas nos pueden favorecer unas veces y otras no, pero tenemos que respetarlas también cuando el resultado nos disgusta.
La democracia incluye también el derecho a manifestarse. Por eso podemos salir a la calle para decirle a un gobierno que lo está haciendo mal y exigirle cambios. Haber ganado unas elecciones no le da permiso para hacer lo que quiera, ni nos obliga a callarnos hasta las siguientes. Pero, por mucha gente que reúna una manifestación, eso no cambia quién gobierna ni quién aprueba las leyes. Para conseguir ese cambio, la protesta tiene que traducirse también en votos.
Aunque salieran veinte millones de personas a la calle, aunque las acampadas permanecieran durante meses, seguiría haciendo falta transformar esa movilización en decisiones institucionales. Quienes se manifiestan tienen derecho a exigir cambios. Pero quienes no están en esa plaza también forman parte de la ciudadanía. Las elecciones permiten que todas esas posiciones se expresen y determinan la representación con la que después se gobierna y se legisla.
El 15M nos dejó una lección sobre esa distancia. Comenzó el 15 de mayo de 2011 y han pasado ya quince años. Aquellas plazas expresaron un malestar profundo ante la crisis, la desigualdad y una política que mucha gente sentía alejada de sus necesidades. Sin embargo, una semana después, el 22 de mayo, se celebraron elecciones municipales y autonómicas, además de las insulares en Canarias. Aquí, en Gran Canaria, el Partido Popular ganó las elecciones al Cabildo. Y el 20 de noviembre de aquel mismo año ganó también las generales, con 186 diputados y mayoría absoluta.
¿Por qué señalo al Partido Popular? Porque no era, precisamente, un partido político que apoyara las demandas de aquel movimiento. Por eso el contraste fue tan significativo: mientras las plazas reclamaban cambios profundos, las urnas dieron una amplísima capacidad de gobierno al PP.
Eso no significó que el 15M fuera inútil. Años después, Podemos, creado en 2014, canalizó parte de aquel malestar y de aquellas demandas, y logró una importante representación en las instituciones. También hubo otras iniciativas sociales y candidaturas municipales. Precisamente ahí está la cuestión: parte de aquella energía encontró una vía para entrar. Porque para influir en las leyes hay que conseguir representación, sumar apoyos y construir acuerdos.
Con la vivienda podemos volver a encontrarnos ante esa distancia. Mucha gente comparte que trabajar debería permitir pagar un hogar, que los jóvenes necesitan poder independizarse y que una familia no puede vivir permanentemente pendiente de una subida del alquiler. Pero coincidir en el diagnóstico no garantiza que apoyemos las mismas soluciones ni que votemos a quienes las proponen. Una preocupación compartida necesita convertirse en un proyecto político capaz de conseguir la mayoría.
Si un gobierno lo está haciendo mal, las movilizaciones pueden expresar el rechazo, señalar sus incumplimientos y exigir otra dirección. Después, en las siguientes elecciones, ese rechazo puede traducirse en un voto de castigo. Y las alternativas políticas que merezcan confianza pueden recibir el apoyo necesario para gobernar. Para eso hay que mirar las propuestas, la trayectoria y los compromisos de cada partido. El enfado por sí solo no nos dice quién va a defender mejor nuestros intereses.
A la izquierda le corresponde pensar seriamente en esto. Tener una reivindicación justa no asegura ganar unas elecciones. Hay que convencer, escuchar a quienes dudan y ofrecer respuestas realistas. La diversidad puede enriquecer un proyecto, pero la fragmentación, los personalismos y las disputas permanentes pueden impedir que se forme una mayoría. Quien no puede pagar su casa necesita soluciones y espera que quienes prometen defenderle sean capaces de ponerse de acuerdo.
También los partidos tienen que merecer el voto. No basta con pedir participación cuando llegan las elecciones y después alejarse de la vida cotidiana de la gente. Hay que cumplir, explicar las dificultades y reconocer los errores. Cuando las promesas se repiten y los problemas permanecen, crece la desconfianza. Antes de reprochar a alguien que se haya quedado en casa sin ir a votar, conviene preguntarse qué se ha hecho para ganarte su confianza.
Yo, a estas alturas de mi vida, no me veo en una acampada. Respeto a quienes participan, pero prefiero poner mi energía en ayudar a construir una mayoría que defienda una vida digna y establezca un equilibrio justo entre la actividad empresarial, el trabajo y las necesidades sociales. Necesitamos empresas que puedan funcionar, trabajadores que puedan vivir de su salario, propietarios con seguridad y personas que puedan acceder a un hogar.
Para conseguirlo se necesita movilización, organización y, sobre todo, votos. Y después, seguimiento y exigencia. Votar no es dar un cheque en blanco, como manifestarse tampoco puede convertirse en el final del camino. Si existe esa mayoría social que desea más justicia e igualdad, tendrá que construir la representación necesaria para hacerlas realidad.
Ojalá las plazas sigan llenándose cuando haya motivos. Pero recuerden: la noche de las elecciones alguien contará los votos, se formarán mayorías y se tomarán las decisiones que afectarán a nuestras vidas.
