Un grupo destroza una caseta, arranca una bandera arcoíris y una pancarta contra el racismo, insulta a dos personas llamándolas “maricones” y “rojos de mierda” y terminan golpeándolas a puñetazos y patadas cuando ya están en el suelo. Después se marchan al grito de “Arriba España”. No ocurrió hace cincuenta años ni forma parte de una película sobre el fascismo. Sucedió el pasado 11 de septiembre, durante las fiestas de San Mateo, en pleno centro de Oviedo.
La Policía Nacional detuvo posteriormente a cinco de los sospechosos por lesiones y delito de odio. Sin embargo, la primera reacción del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, no fue transmitir toda la gravedad de lo sucedido. Calificó la agresión de “anecdótica” y declaró: “Son chavales jóvenes, no creo que sean tan mala gente”.
Ser joven no convierte una paliza en una travesura. No nacieron odiando: han aprendido a despreciar, a identificar enemigos y a sentirse fuertes cuando actúan en grupo. Tampoco hace falta ser una mala persona durante las veinticuatro horas del día para cometer una barbaridad. Lo importante no es decidir si los agresores son buenos o malos, sino dejar claro que lo que hicieron es inadmisible y tendrá consecuencias. No son cosas de pibes.
También en Asturias se ha conocido ahora la detención de cinco jóvenes de entre 18 y 20 años por la grave agresión sufrida por una mujer trans en Piedras Blancas. Según la Guardia Civil, los sospechosos, vinculados presuntamente a entornos extremistas de ultraderecha, se organizaron mediante aplicaciones de mensajería. La víctima recibió amenazas de muerte e insultos tránsfobos y tuvo que ser atendida en un hospital por la gravedad de sus lesiones. Tres de los investigados ya habían sido detenidos anteriormente por hechos semejantes.
Después está Ceuta, donde la situación ha alcanzado un nivel que debería encender todas las alarmas. Una multitud rodeó el coche de una diputada, lo golpeó, rompió los cristales y lanzó piedras y huevos mientras las personas que estaban dentro intentaban escapar. Algunos atacantes se subieron al capó.
¿Qué habría ocurrido si la Policía no hubiera estado presente? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos. Porque las imágenes muestran a la multitud convertida en una jauría salvaje, actuando a cara descubierta y delante de los agentes. Personas aparentemente convencidas de que señalar a alguien como enemigo les concedía el derecho a perseguirlo, rodearlo y atacarlo. Eso ya no es una protesta. Eso es el comienzo de una violencia cuyas consecuencias nadie puede controlar.
No ha sido un episodio aislado. Un grupo de vecinos bloqueó el paso de un convoy de la Cruz Roja que llevaba comida a personas migrantes. También fueron destruidas tiendas y pertenencias de quienes dormían en asentamientos improvisados, y se han producido insultos contra migrantes y trabajadoras humanitarias. Al mismo tiempo, algunos migrantes han lanzado piedras contra patrullas militares y agentes de la Guardia Civil. Todos los delitos deben investigarse y perseguirse, los cometa quien los cometa. Defender los derechos humanos no significa negar los problemas de seguridad, sino exigir que la respuesta corresponda a la Policía y a los tribunales, no a grupos dispuestos a tomarse la justicia por su mano.
Incluso los periodistas están encontrando dificultades para realizar su trabajo. Han sido increpados, insultados y amenazados mientras informaban en directo sobre las movilizaciones relacionadas con Ceuta. Cuando una manada pretende decidir también qué se puede grabar, qué se puede contar y quién puede informar, el problema deja de afectar únicamente a las víctimas. Se convierte en un ataque contra la libertad de información y contra la propia democracia.
Puedo comprender el enfado y el miedo de una población que siente que las instituciones no están sabiendo gestionar una situación extraordinaria. Se puede exigir mayor control de las fronteras, seguridad, recursos suficientes y responsabilidades políticas. Se puede discrepar de las decisiones del Gobierno y protestar con toda la contundencia necesaria. Pero existe una línea que nunca podemos cruzar: perseguir personas, impedir que reciban comida, destruir sus escasas pertenencias, atacar vehículos o decidir colectivamente quién merece una paliza.
Hoy se persigue a una persona migrante; después, a quien le entrega comida; a una diputada, a una periodista, a una mujer trans, a dos militantes de izquierdas o a cualquiera que piense, ame o viva de una manera diferente. La espiral crece con cada agresión apoyada y celebrada en las redes, con cada acción que queda impune y con cada autoridad que intenta quitarle importancia.
El último informe del Ministerio del Interior confirma que no hablamos únicamente de una sensación. En 2025 se investigaron en España 2.417 delitos e incidentes de odio, un 23,6 % más que el año anterior y la cifra más alta de la serie histórica. El racismo y la xenofobia fueron la primera motivación, con 934 hechos. Los relacionados con la orientación sexual o la identidad de género llegaron a 571. Los motivados por ideología fueron 241 y crecieron casi un 64 % en un solo año. Y estas cifras recogen únicamente los casos conocidos por las fuerzas de seguridad. Muchos otros nunca se denuncian.
Si las agresiones son graves, su normalización puede ser todavía más peligrosa. Cuando un alcalde llama “anécdota” a una paliza, desplaza la atención desde las víctimas hacia la comprensión de los agresores. Cuando se habla de “cosas de jóvenes”, una acción política, homófoba y racista queda reducida a una pelea cualquiera. Y cuando cada condena va acompañada de un “pero”, los violentos reciben el mensaje de que siempre habrá alguien dispuesto a encontrarles una disculpa.
También existen responsabilidades políticas. Partidos como Vox, sus dirigentes y comunicadores, han convertido la búsqueda de enemigos en una estrategia. Se habla de “invasión”, se presenta a las organizaciones humanitarias como cómplices de mafias y se llega a considerar una traición comprar colchones para que seres humanos no duerman en el suelo. Quien golpea es responsable de sus actos. Pero las palabras crean el clima, señalan los objetivos y proporcionan una justificación a personas llenas de odio que, actuando en grupo, pierden los pocos límites que todavía conservaban.
Los grupos ultras ofrecen identidad, pertenencia y una falsa sensación de valentía a jóvenes sin tres dedos de frente. Individualmente quizá nunca se atreverían a atacar a nadie; juntos se sienten invencibles. Eligen a personas que consideran vulnerables, las rodean y actúan como si la superioridad numérica demostrara coraje. Pero diez contra uno no es valentía. Es cobardía organizada.
Las peores aberraciones de la humanidad no comenzaron directamente con campos de concentración. Antes hubo discursos que dividieron entre ciudadanos respetables y seres humanos prescindibles; dirigentes que señalaron enemigos; grupos violentos que comprobaron que podían actuar; autoridades que minimizaron lo que sucedía y una sociedad que fue acostumbrándose a lo que poco antes le habría parecido intolerable. ¿Te suena?
No debemos esperar a que una de estas palizas termine en muerte para tomarnos en serio lo que está ocurriendo. No son anécdotas. No son travesuras. No son cosas de pibes. Son ataques contra personas concretas y contra nuestra convivencia. Tomarse la justicia por su mano es abrir una puerta que después puede resultar imposible cerrar.
