Una sociedad que no consigue garantizar a su gente un lugar donde vivir ha fracasado. La nuestra tiene un problema enorme con la vivienda, y el desahucio de Mari Carmen, a sus 87 años y después de más de setenta viviendo en la misma casa, lo ha puesto delante de nuestros ojos. Verla salir en camilla duele, pero esa imagen es solo la punta del iceberg. El desahucio es la consecuencia más visible de un problema que empieza mucho antes: llevamos años sin garantizar viviendas dignas a precios que la gente pueda pagar.
Esto nos afecta, y si no nos toca a nosotros, puede tocarles a nuestros hijos, a nuestros nietos, amigos o vecinos. Para muchos jóvenes, comprar una casa sin ayuda de sus padres es inviable. Quien cuenta con esa ayuda quizá pueda empezar su vida en una vivienda; quien no la tiene se enfrenta a alquileres que tampoco puede pagar.
Hace poco vi un anuncio de alquiler que parecía una broma de mal gusto. Una mujer ofrecía tres habitaciones de su vivienda. Una estaba en una esquina del salón: una cama, una mesita, un ropero y una cortina. Esa era la “habitación”. Imagínate intentar dormir mientras alguien ve la televisión al otro lado. O hablar por teléfono sabiendo que toda la casa puede escucharles. Una cortina tapa la vista, pero no da intimidad. Y alguien acabará pagando por ese rincón porque necesita un sitio donde acostarse.
En Gran Canaria, sin ir más lejos, antes uno podía ajustar sus planes a lo que ganaba. Si no alcanzaba para vivir cerca de Las Canteras, buscaba un piso en un barrio de las afueras y podía hacer su vida allí. Ahora encuentras en esos barrios viviendas anunciadas por más de 200.000 euros para comprarlas o 1.200 al mes para alquilarlas. ¿Qué alternativa le queda a quien trabaja y no puede pagar ninguna de las dos cosas? Compartir piso, volver a casa de sus padres o alejarse cada vez más. Y si los precios siguen subiendo, ni siquiera irse a otro municipio bastará: habrá quienes tengan que marcharse de la isla. Ese es el tamaño del problema. Está cerrando a la vez la puerta de la compra y la del alquiler.
Durante mucho tiempo, alquilar fue una solución para todos. Había personas que invertían sus ahorros en una segunda vivienda: les daba unos ingresos y en el futuro se la dejaban a sus hijos. Otras preferían vivir de alquiler. Podían acceder a una casa que no habrían podido comprar y mudarse si cambiaban de trabajo o de ciudad. No era perfecto, pero, cuando el precio era razonable, el propietario cobraba y el inquilino podía hacer su vida.
Ese equilibrio se rompe cuando entran empresas y fondos “buitres” capaces de comprar edificios enteros, esperan a recuperar los pisos y los ofrecen a precios que los vecinos de siempre no pueden pagar. Para ellos, un piso puede ser un número en una hoja de cálculo. Para quien vive dentro, es el lugar donde han crecido sus hijos, donde conoce a sus vecinos y donde espera poder envejecer.
Mari Carmen podía pagar unos 500 euros al mes. Los pagaba. Lo que no podía era pagar los 2.650 que llegó a pedirle la empresa propietaria. La justicia reconoció el derecho de la empresa a recuperar el piso. Podemos entender que una jueza aplique la ley, aunque el resultado nos parezca cruel. Pero entonces, si Mari Carmen tiene que salir y no encuentra otra vivienda que pueda pagar, ¿adónde va?
Mi propuesta es que la ley no permita ejecutar el desahucio de una persona que carece de recursos hasta que su ayuntamiento le ofrezca una alternativa adecuada: una vivienda donde pueda vivir de verdad, adaptada a sus necesidades y con un alquiler proporcionado a sus ingresos. Mari Carmen podía aportar 500 euros. No estaba pidiendo vivir gratis. Así se protegerían los dos derechos. Que la administración tenga un plazo y la obligación de decirle: “Esta es la vivienda a la que puedes ir y esto es lo que pagarás según tus ingresos”.
Si hoy no se dispone de casas suficientes, que las construyan, las compren o busquen alquileres mientras amplían el parque público. Una vivienda no aparece de un día para otro, pero la falta de previsión de los gobiernos no puede resolverse dejando a alguien sin hogar.
Eso atendería la urgencia. La otra parte del trabajo consiste en lograr que todas las personas puedan encontrar casa. Poner límites a determinadas subidas, frenar la especulación y mantener viviendas públicas de alquiler asequible. España rescató a los bancos con miles de millones de euros públicos durante la crisis. Hoy está previsto incorporar a la entidad estatal CASA 47 más de 40.000 viviendas procedentes de Sareb. Es necesario saber cuántas se pueden habitar ya, dónde están y cuándo se ofrecerán.
Isabel Díaz Ayuso dijo ante inversores inmobiliarios que defiende la propiedad, porque “la propiedad es sagrada”. Su Gobierno apuesta por atraer inversión, pero rechaza declarar zonas tensionadas para aplicar los límites al alquiler previstos en la ley estatal. Yo me pregunto: si un fondo compra el edificio donde vive una familia y, al acabar el contrato, le pide un alquiler que la obliga a irse, ¿en qué ha beneficiado esa inversión a la ciudad o a la comunidad?
Hay quien propone otra salida: “Si no puedes pagar en el centro, vete más lejos”. Hasta nos lo venden como una vida más tranquila, cerca de la naturaleza. Elegir vivir en un pueblo puede ser estupendo. Tener que abandonar tu barrio, tu trabajo y a la gente que te ayuda porque ya no puedes pagar un techo es otra cosa.
Y ahora hablemos de “prioridad nacional”. Hay partidos que utilizan esas palabras para señalar a los inmigrantes, como si quienes llegan fueran la causa de que nosotros no podamos pagar una casa. Pero ¿dónde queda esa prioridad cuando una mujer de aquí, que ha pagado toda su vida, necesita una alternativa para no perder su hogar?. PP y Vox votaron, junto con Junts, contra la prórroga de la suspensión de desahucios para hogares vulnerables sin alternativa.
Si alguien no paga pudiendo hacerlo, debe haber una dura sanción. Y si una persona vulnerable no puede pagar, las administraciones deben ayudarla sin cargar todo el problema sobre el dueño de una casa. La Constitución reconoce el derecho a una vivienda digna. Hagamos las leyes y las viviendas necesarias para que ese derecho exista en la realidad.
Por eso la vivienda debe pesar mucho en nuestro voto. No basta con apoyar a un partido porque siempre lo hemos votado o porque nos gusta lo que dice sobre otros asuntos. Preguntémosle qué hará cuando termine nuestro contrato. Cuántas viviendas asequibles ofrecerá, dónde estarán, cuánto costarán y qué límites pondrá a quienes hacen negocio expulsando a sus vecinos. Si no, podemos terminar votando a quien mañana nos diga que tampoco tiene una casa para nosotros.
Algo está cambiando cuando, ante lo ocurrido a Mari Carmen, la gente deja de decir “esto es lo que hay” y pregunta: “¿Cómo que no se puede hacer nada?”. Esa pregunta debe llegar a los gobiernos y acompañarnos cuando votemos. Que una persona pueda vivir aquí con dignidad, tenga la edad, el trabajo y los ingresos que tenga: esta es la verdadera prioridad nacional.
